Universidad Católica ha decidido llevar al plano legal la controversia sobre la postergación de su partido ante Emelec. Mediante una acción de acceso a la información, el club busca que un juez constitucional obligue al Intendente de Policía del Guayas a entregar de manera inmediata y fidedigna todos los documentos, comunicaciones y oficios dirigidos a LigaPro que sustentaron la decisión de no jugar el pasado 21 de febrero de 2026.
La vía judicial para aclarar la postergación del partido de Universidad Católica ante Emelec
La dirigencia de la «Chatoleí» agotó las instancias administrativas antes de recurrir a los tribunales. Según el comunicado oficial, la Intendencia no facilitó la información requerida previamente, lo que motivó el uso de los mecanismos contemplados en la Constitución y la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales. El objetivo es determinar con exactitud bajo qué argumentos y requerimientos oficiales se sugirió aplazar el compromiso en Guayaquil.
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Fair play administrativo y transparencia
Para Universidad Católica, este proceso trasciende lo deportivo. La institución enfatiza que el principio de fair play no debe limitarse únicamente al comportamiento de los clubes en la cancha o a su estabilidad financiera. Este movimiento legal pretende sentar un precedente sobre la responsabilidad de la entidad organizadora del campeonato y las autoridades locales en la gestión de eventos deportivos, asegurando que los hinchas y profesionales reciban información transparente y veraz.
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