La transparencia en el fútbol ecuatoriano vuelve a estar bajo la lupa tras las recientes declaraciones de Pablo Ortiz, presidente de Universidad Católica. El directivo manifestó su inconformidad respecto a la equidad en la aplicación de reglamentos, sugiriendo que las decisiones de LigaPro podrían estar influenciadas por afinidades personales o geográficas. El malestar surge de la comparativa entre los procesos sancionatorios aplicados a instituciones como Emelec frente a la situación actual de El Nacional, encendiendo un debate sobre la justicia deportiva en el torneo nacional.
La vara de medir en el fútbol ecuatoriano
El punto central de la crítica de Ortiz radica en lo que él denomina una «doble vara». Según el dirigente, no se está actuando con el mismo rigor para todos los clubes, mencionando específicamente que la ubicación geográfica de El Nacional parece haberle otorgado un trato distinto al recibido por el cuadro eléctrico en Guayaquil. Para el titular de la Católica, el manejo interno de ciertos casos dista mucho de la excelencia que los directivos de LigaPro suelen pregonar en sus espacios oficiales.
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Acciones legales y el rol de la FEF
Más allá de la queja pública, Universidad Católica prepara una estrategia jurídica sólida. Ortiz fue enfático al señalar que están a la espera de la documentación oficial para determinar si el caso requiere la intervención de asesores internacionales. La posibilidad de canalizar un reclamo formal ante la FIFA o la CONMEBOL está sobre la mesa, buscando una revisión externa que garantice la imparcialidad que, a su juicio, se ha perdido en el ámbito local.
El pedido de Pablo Ortiz a la Federación Ecuatoriana de Fútbol
El reclamo no se detiene en las oficinas de LigaPro. El cuadro quiteño ha solicitado directamente a la Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF) que ejerza su rol como ente rector. El objetivo es revisar minuciosamente el convenio mediante el cual la FEF delega la organización del torneo a la liga profesional, buscando identificar si existen normativas que permitan sancionar al organismo organizador por las irregularidades señaladas por sus propios afiliados.
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