Las deudas de El Nacional es el eje central del colapso institucional. Con un pasivo total de USD 12 millones, la institución sufrió embargos en sus activos clave, el congelamiento de sus ingresos por derechos de televisión en la justicia ordinaria y la imposibilidad de inscribir futbolistas en el sistema Comet de la FEF. La debacle deportiva se consumó el viernes 25 de septiembre de 2026 en el estadio La Cocha de Latacunga, cuando cayeron ante Cumbayá y firmaron su descenso a la Segunda Categoría tras permanecer apenas una temporada en la Serie B.
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La montaña de pasivos: desglose detallado de los USD 12 millones
El origen de la crisis en El Nacional radica en el crecimiento exponencial del déficit durante los últimos siete años. El volumen de los pasivos se incrementó bajo las gestiones directivas de Lucía Vallecilla, Marco Pazos, Ricardo Cajas y el grupo empresarial Naniecheandía (NEF), este último al frente entre la Nochebuena de 2025 y abril de 2026.
Según detalló el interventor Juan Manuel Aguirre, la gestión administrativa funcionaba bajo una premisa insostenible: «Entraban dos dólares y se gastaban cinco». Esta desproporción derivó en acuerdos salariales de USD 6.000 a USD 8.000 mensuales en Serie B, con proyecciones al 2028 de hasta USD 20.000, y pasivos individuales masivos como el contrato del futbolista Charles Vélez, a quien se le adeuda cerca de un millón de dólares.
La distribución del pasivo se desglosa técnicamente de la siguiente manera:
- Exjugadores, cuerpos técnicos y trabajadores administrativos: USD 9 millones.
- Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS): USD 1,2 millones.
- Municipio de Quito: USD 300.000.
- Servicio de Rentas Internas (SRI): USD 70.000.
- Empresas y ex proveedores: Valores acumulados en los asientos contables de la institución.
Embargos, 190 juicios y suspensión de derechos de televisión
El impacto patrimonial compromete los bienes del club militar. La Sede Social de Jipijapa registra un embargo originado por una demanda de USD 60.000, mientras que el Complejo Deportivo de El Sauce en Tumbaco enfrenta un proceso judicial promovido por el exdirigente Ramiro Oviedo, además de las obligaciones en mora con el IESS.
A nivel judicial, el club suma 90 juicios laborales en la justicia ordinaria y 100 expedientes tramitados por exjugadores e integrantes de cuerpos técnicos ante la Cámara de Resolución de Disputas de la FEF. Esta situación derivó en el congelamiento de los ingresos por derechos de transmisión televisiva a través de medidas interpuestas por excolaboradores:
- Leandro Simbaña (exfisioterapista): USD 57.513,76.
- Mario Fabián Vega: USD 27.500,00.
- Rocío Bastidas: USD 27.626,94.
- Diego Proaño: USD 27.097,81.
Inestabilidad directiva y sanciones reglamentarias en FEF y FIFA
El panorama institucional quedó fracturado el 19 de mayo de 2026 con la renuncia del presidente Ricardo Cajas y los vocales Manolo Hernández, Christian Burbano y Octavio Rosales. Aunque Lilia Yunda fue electa al día siguiente, el Viceministerio del Deporte procedió a su inhabilitación por irregularidades procedimentales en la Asamblea. Juan Manuel Aguirre asumió como interventor el 8 de julio de 2026, y el 18 de septiembre designó una Comisión Electoral de 10 socios (seis militares en servicio activo, dos en servicio pasivo y dos civiles) para organizar los comicios de noviembre de 2026.
El plan de rescate de las leyendas para salvar a El Nacional del abismo
En el ámbito reglamentario, el acceso al sistema Comet de la FEF permanece bloqueado por los 100 expedientes locales, a lo que se suman tres sanciones activas de la FIFA por disputas contractuales con Omar Asad, el club Estudiantes de Mérida (caso Franklin Carabalí) y Juan Girardengo. Sin acuerdos de pago, el equipo se ve obligado a competir en la Segunda Categoría utilizando únicamente su nómina juvenil y futbolistas previamente registrados.
Ante esto, el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas busca impulsar una auditoría forense para transparentar la deuda, estimando que la corrección de inconsistencias y fallos judiciales favorables podrían ajustar el pasivo a USD 10,5 millones. Por su parte, el interventor cuestionó la efectividad del control económico-financiero de la LigaPro, calificándolo de irreal al permitir contratos desproporcionados que derivaron en la crisis actual.
